La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social

Como sabe, el cumplimiento de esta Ley se ha convertido en un objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo y el incumplimiento de la Ley supone, además de la dificultad de lograr contratos con las distintas Administraciones Públicas, posibles sanciones importantes

Desde hace más de dos décadas que existe una ley que pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas discapacitadas. Se trata de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social, Real Decreto 1/2013, que establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

Cumplimiento de obligación

A pesar de la existencia de esta normativa, actualmente son muy pocas las empresas que cumplen con esta obligación legal. Por ello, con el objetivo de facilitar a las empresas el cumplimiento de esta obligación, se establecieron una serie de medidas alternativas de carácter excepcional a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social que se encuentran recogidas en el Real Decreto 1/2013.

Constitución: igualdad

El artículo 49 de la Constitución Española supuso el primer escalón legislativo para la integración social de los minusválidos puesto que coincide como mandato directo a los poderes públicos, haciendo obligatoria una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que darán la atención individualizada que requieren. El objetivo último es que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de todos los derechos constitucionales al igual que el resto de los ciudadanos, incluyendo el derecho al trabajo que está reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española. Este mandato constitucional culminó en el ámbito legislativo con la publicación de la ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de minusválidos, conocida coloquialmente como la Ley LISMI, ahora Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social.

Los principios generales de esta ley se basan en garantizar la realización personal y la total integración social de los disminuidos.

A efectos de esta ley, se entiende por minusválido “toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”.

Menú

Foto medidas alternativas

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social, regula la obligatoriedad de reservar el 2% de la plantilla a trabajadores con discapacidad.

Acreditaciones y colaboradores:

  • Logo International Accreditation Forum
  • Logo Entidad Nacional de Acreditación
  • Aenor
  • Aenor
  • Audelco
  • Logo Dis Job
  • Logo Fundación Universia
  • Logo Alcobendas
  • Logo Ayto. de Santander
USO DE COOKIES. En Integra utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y por motivos funcionales y estadísticos. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí