En este momento de crisis económica, también el empleo entre las personas discapacitadas se ve afectado, con un retroceso en las cifras de contratación. Austeridad, recortes, paro, intervención, desempleo, rescate, deuda, despidos, reforma, recesión, déficit, deuda, prestación… palabras que llegan a nuestros oídos de manera constante. Encabezan las informaciones de los medios, los escuchamos en las calles y las vivimos en nuestras casas.
Los datos de contratación de discapacitados del primer cuatrimestre de 2012, nos dan un golpe de realidad en la frente, con un descenso del 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. 18.699 contratos en los 4 primeros meses del año, o lo que es lo mismo, desandar lo andado en los últimos años, en los que la tendencia había sido siempre ascendente, para volver a los parámetros de 2010.
Las primeras cifras no son halagüeñas, pero lejos de paralizarnos nos tienen que motivar. Es una obligación moral. La obligación de trabajar más duro que nunca, de trabajar mejor, de manera más coordinada, afinando los objetivos, con más ilusión y esmero.
Instituciones, organizaciones, asociaciones, Centros de Empleo, legisladores, tenemos que ir en la misma dirección. Esto es, nadando contra la corriente de una coyuntura económica negativa, que espera aumentar su cifra de desempleados, y estimulando la conciencia social que desmitifica los clichés acuñados en torno a las personas discapacitadas más de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
En este sentido, el 30 cumpleaños de la LISMI no podía celebrarse en un mejor momento. La celebración de su aniversario en el Congreso supuso un pequeño paréntesis en la vorágine de cifras macroeconómicas para que la clase política echase la vista atrás y reflexionase sobre la transformación social lograda en las tres décadas que lleva en marcha la iniciativa legislativa del diputado Trías-Fargas. Y también sobre el camino que queremos trazar para las tres próximas.
Todos los que trabajamos en este sector reconocimos entonces, y reconocemos ahora, la importancia de la perspectiva de la Ley de Integración Social de las Personas Discapacitadas, que iba más allá de las prestaciones sociales y sanitarias de los entonces llamados minusválidos. La promulgación de aquella ley marcó un antes y un después en la vida de muchas familias, y se comenzó a trabajar con la efervescencia de la transformación conseguida con esfuerzo, con el reto de lograr el apoyo y la conciencia social.
Como narraba Patrocinio Las Heras en un artículo recientemente publicado con motivo de esta celebración, “el compromiso y la alegría de trabajar por un proyecto que cambiaría la vida de las personas y familias afectadas por discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales produjo una sinergia muy fructífera entre responsables institucionales, profesionales y asociaciones. Todos nos pusimos a trabajar por la Ley creando un contexto de confianza y creatividad compartida con el liderazgo social del movimiento asociativo”.
Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa ilusión, ese “compromiso vital y conciencia de transformación” para garantizar el desarrollo efectivo de esa ley, para lograr su cumplimiento, para superar sus limitaciones. Ahí reside el logro de la integración de verdad, con mayúsculas.
Se avecinan cambios legislativos, y con ellos nuevas oportunidades. María Luisa Ramón Laca, psicóloga con una larga trayectoria de trabajo con personas con discapacidad, definía el papel de la legislación de una manera, a mi parecer, acertadísima: “Las leyes no te arreglan el mundo, pero sin ellas no puedes avanzar. La sociedad necesita una percha legal sobre la que sostenerse y tirar, actuar. La LISMI fue un hito enorme…ha logrado que la sociedad cambie su visión sobre las cosas”.
La LISMI, sin duda, marca la dirección en la que debemos seguir caminando. El deficiente cumplimiento por parte de las empresas de las cuotas reservadas para discapacitados debe corregirse, pero ayudas económicas o sanciones no dejan de ser un instrumento temporal y poco efectivo. La verdadera concienciación de los responsables empresariales respecto a la capacidad y valía de las personas discapacitadas no se puede legislar, pero habrá que contemplar las líneas de actuación necesarias para alcanzarla.
El acceso al empleo en las administraciones públicas, la accesibilidad, la cuota de reserva… también deberían ser revisados para adaptarlos al contexto actual, porque necesitamos que la percha legal sea fuerte, que esté colgada sobre un apoyo firme para poder sostener el avance de una sociedad más responsable, más justa para todos.
